Los tres límites ya traspasados que más implicación tienen en la cuestión de las plantas
fotovoltaicas son el cambio climático, la integridad de la biosfera y los cambios en el uso del
suelo. De los tres, es la integridad de la biosfera, es decir, la degradación de los ecosistemas y la
pérdida de biodiversidad, el que está en peor situación ya que hemos desencadenado la sexta
gran extinción de especies, por lo que no nos podemos permitir ninguna medida que agrave este
problema. El cambio del uso del suelo es otro límite planetario que hemos sobrepasado y
refuerza tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad, ya que al sustituir superficie
de bosque y tierra agrícola por infraestructuras de todo tipo se eliminan ecosistemas que
albergan biodiversidad y se reduce la capacidad del clima para regularse. Es habitual el erróneo
planteamiento de reducir los problemas ambientales a uno solo, el cambio climático, y de
considerar la transición energética como la receta que resuelve el problema. Para ello se propone
la sustitución de combustibles fósiles por las llamadas energías renovables, en el caso de la
Comunidad de Madrid y de la Alcarria de Alcalá mediante el despliegue de enormes plantas
fotovoltaicas.
La avalancha de proyectos de plantas fotovoltaicas pretende cambiar el uso del suelo de miles
de hectáreas de municipios como Anchuelo, Santorcaz, Corpa, Pezuela, Villalbilla, Torres de la
Alameda, Nuevo Baztán, Pozuelo del Rey, Campo Real, Loeches, Valdilecha, Olmeda de las
Fuentes o Ambite. Ello supone eliminar suelos agrícolas y espacios naturales, con el impacto en
la biodiversidad y el clima ya mencionados. Por otra parte, la fabricación, transporte, instalación,
mantenimiento, desmontaje y reciclado de los paneles solares requiere, en cada uno de esos
procesos, el uso de esos mismos combustibles fósiles a los que pretende sustituir. En los hornos
que funden el silicio para los paneles se utiliza sobre todo carbón, mezclado con madera y carbón
vegetal. La mayor cantidad de energía gastada en el ciclo de vida de los paneles se utiliza al
principio, en la fabricación, por lo que, aunque hubiera cierto ahorro de combustibles fósiles en
el conjunto del proceso, durante los primeros años se emiten más gases de efecto invernadero
de los que se evitan. Al estar concentrada la mayor parte de la fabricación en China, dichas
emisiones no aparecen en nuestro cómputo y hacemos como que no existen. Estos paneles, al
igual que los molinos eólicos, necesitan utilizar una serie de minerales para su funcionamiento,
con el gigantesco impacto en los ecosistemas que supone la minería para extraerlos,
generalmente en los países del sur global, y el colonialismo que implica. Estos minerales son
escasos, insuficientes para extender estas tecnologías en la escala necesaria para sustituir el
actual consumo de fósiles.
La baja densidad energética de las fotovoltaicas comparada con la de las energías fósiles implica
que hace falta una enorme superficie de terreno para generar la misma energía que
proporcionan los combustibles fósiles. Además, la vida útil de los paneles es de apenas dos
décadas, pasadas las cuales hay que volver a fabricarlos con todo lo que ello implica. Por todo
ello, no se puede afirmar que la fotovoltaica sea una energía limpia. En todo caso, menos
contaminante, aunque con muchos impactos negativos.
Quizá podríamos conformarnos con esa mejora si no fuera porque el incremento de la
producción de energías en los últimos años no ha reducido el consumo de combustibles fósiles,
que sigue aumentando. Es necesario recordar que este tipo de instalaciones renovables, mejor
descritas como Renovable Eléctrica Industrial (REI), solo produce electricidad. Pero el consumo
de energía no eléctrica supone más del 75% del total en nuestro país. La producción eléctrica
renovable no sustituye a los fósiles, sino que se suma a ellos. No existe eso llamado transición
energética, por tanto. De hecho, la aparición del carbón no acabó con la madera como
combustible, ni el petróleo con el carbón, ni el gas natural con el petróleo, ni la nuclear con el
gas. Cada fuente nueva de energía se suma a las anteriores, no las sustituye. No se han reducido
lo más mínimo las emisiones globales de CO2, que han batido todos los récords en el año 2025.
Para reducir esas emisiones se propone descarbonizar la economía, electrificando los usos
actuales de los combustibles fósiles. El problema es lo difícil que es electrificar sectores como la
minería, la industria pesada, la maquinaria agrícola o el transporte, que suponen un gran
porcentaje del consumo energético no eléctrico. Para lograrlo se propone la sustitución de los
vehículos de gasoil y gasolina por eléctricos, y la producción a gran escala de hidrógeno verde
como combustible. El coche eléctrico como solución se está demostrando fracasada. Ni es
ecológico (el impacto de su fabricación es mucho mayor que el de los coches de gasolina o gasoil)
ni es económicamente factible para la mayoría de la población, y supone mantener el resto de
impactos asociados al tránsito de los miles de millones de vehículos particulares existentes al no
cambiar el modelo de movilidad. El hidrógeno verde como otra de las soluciones es un sumidero
de energía sin sentido. El fracaso de estas supuestas soluciones lo ilustra el dato del consumo
eléctrico en España, que está estancado desde 2008. Lo que va a suceder es que nuevos
consumos eléctricos asociados a la digitalización y la inteligencia artificial van a ser los
destinatarios de las plantas fotovoltaicas. El valle del Henares se está llenando de los centros de
datos necesarios para el incesante incremento del consumo digital en todas sus formas. Nuevos
consumos y nuevos impactos, incluido el voraz consumo de agua para la refrigeración, que se
suman a los anteriores. Nada de transición energética, por tanto.
Por otra parte, la creciente penetración de la fotovoltaica en el mix eléctrico supone grandes
desafíos y riesgos, con una inestabilidad creciente de la red eléctrica. Recordemos el apagón de
la pasada primavera. Hay soluciones técnicas, pero son caras y van a hacer cada vez menos
atractivo el negocio de las renovables. La saturación de plantas fotovoltaicas lleva a que cada vez
hay más ocasiones en las que se produce electricidad en exceso que no se puede integrar en la
red, por lo que se desperdicia, y más horas en las que la electricidad se vende a 0 euros al
mercado. Esto está poniendo en peligro la viabilidad económica de muchas instalaciones y se
puede reventar la burbuja fotovoltaica, con graves daños colaterales. Eso sí, los fondos públicos
habrán facilitado el pelotazo para las empresas constructoras de unas instalaciones
infrautilizadas, repitiendo el tan conocido lema de privatizar los beneficios y socializar las
pérdidas. Pérdidas que sufren especialmente quienes habitan en las periferias, pues en el
proceso ven traumáticamente alterado su paisaje, su biodiversidad o la capacidad de su territorio
para acoger formas de vida más sostenibles. En el caso de la Alcarria de Alcalá, la concentración
de macroplantas y líneas de evacuación de electricidad supone de facto una industrialización del
campo, con un grave impacto sobre el sector primario, la calidad de vida de la población afectada
y la resiliencia del territorio.
Se podría haber planteado el fomento de instalaciones fotovoltaicas tanto en tejados como en
superficies degradadas, evitando el consumo de suelo agrícola y natural. El autoconsumo y las
comunidades energéticas tienen la virtud de descentralizar la producción y gestión de la
electricidad, implicando mucho más a la ciudadanía en el consumo energético responsable. Pero
se ha optado por favorecer a las grandes empresas y fondos de inversión mediante ayudas
económicas y cambios legislativos, debilitando la capacidad de la sociedad de participar en el
proceso y evitar abusos.
En resumen, no es posible defender el despliegue de plantas fotovoltaicas propuesto porque
pretende ser una forma de resolver el problema del cambio climático cuando en realidad
contribuye al agravamiento del conjunto de los problemas ambientales, ya que no está
reduciendo el consumo de combustibles fósiles ni lo va a hacer.
Entonces, si no es posible reducir las emisiones electrificando la economía actual, ¿qué se puede
hacer? La respuesta está clara: reducir su tamaño. Lo que necesitamos es entender que todos
los problemas están causados por la extralimitación de nuestro sistema socioeconómico, el
capitalismo, que se basa en el crecimiento sin fin. Eso nos ha llevado a traspasar los límites
seguros, por lo que lo único sensato que cabe plantear es cómo hacemos para reducir esa
extralimitación, no de uno sino de todos los límites planetarios. Para ello es imprescindible
abandonar el crecimiento económico como objetivo, transformar profundamente y encoger la
actividad económica y, así, reducir el impacto en la biosfera. Y hacerlo deprisa y de manera
socialmente justa mediante el decrecimiento. La reducción del tamaño de la economía va a
suceder con toda seguridad, por la limitación de recursos de un planeta finito, pero podemos
hacerlo de una manera planificada democráticamente o por la fuerza de los hechos,
desordenada e injustamente.
Lo que propone el decrecimiento es decidir colectivamente qué usos de la energía son
prioritarios y prescindir de aquellos socialmente menos valiosos o indeseables. Harán falta
políticas públicas que garanticen la prioridad en el uso de energía para los sectores de los que
depende el bienestar de la población, como la salud, y que transformen los sectores más
consumidores de recursos, como el transporte o el sector agroalimentario. Será necesario acabar
con la obsolescencia programada, con el usar y tirar. Habrá que relocalizar la producción,
repensar la forma en la que ocupamos el territorio, vivimos y consumimos, en suma. Y todas
esas decisiones deben ser fruto de un debate social, que actualmente no se está produciendo
porque la promesa de la falsa “transición energética” presupone que todo va a poder seguir igual
que ahora, sin cambios profundos.
Teniendo en cuenta que el despliegue de instalaciones fotovoltaicas planteado en la Alcarria de
Alcalá y en el resto del país no es fruto de una participación democrática sobre cuánta energía
necesitamos ni para qué usos, no cuenta con una planificación adecuada, no se hace bajo la
premisa del decrecimiento, no tiene en cuenta las afecciones a la biodiversidad, no da
protagonismo a las alternativas (autoconsumo, comunidades energéticas, instalación en tejados
o terrenos degradados, utilización no eléctrica de la energía del sol, etc.), no tiene en cuenta los
límites de materiales ni es un modelo descentralizado, Ecologistas en Acción de Alcalá de
Henares se opone a este despliegue, denuncia que lo que nos venden como transición energética
es una falsa solución a los gravísimos problemas ambientales del planeta y pide una paralización
inmediata en la tramitación, aprobación y construcción de todos los proyectos fotovoltaicos
industriales en nuestro territorio.